La revolución tecnológica está transformando el mundo jurídico a un ritmo vertiginoso, y uno de los grandes desafíos del presente es la protección de los datos personales frente al avance de herramientas de inteligencia artificial (IA) cada vez más potentes.
En este 2025, con el uso generalizado de sistemas de IA generativa, como ChatGPT o Gemini, en despachos, empresas y organismos públicos, la privacidad de la información se ha convertido en un pilar fundamental del derecho digital. La legislación se adapta, los despachos se reorganizan… y los profesionales del derecho deben estar más preparados que nunca.
¿Por qué la IA pone en riesgo la privacidad?
Las herramientas de IA actuales tienen la capacidad de procesar y generar grandes volúmenes de información a partir de datos introducidos por los usuarios. El problema surge cuando esa información incluye:
- Datos personales identificables (DNI, direcciones, correos, números de cuenta…).
- Documentos jurídicos confidenciales.
- Información de clientes en procedimientos en curso.
Una vez que estos datos entran en un sistema no controlado por el usuario, pueden ser almacenados, utilizados para entrenar modelos o incluso llegar a filtrarse, vulnerando las leyes de protección de datos.
Normativas vigentes: ¿qué leyes protegen la privacidad?
En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) sigue siendo el marco jurídico principal. Este obliga a cualquier empresa o profesional que gestione datos personales a:
- Obtener el consentimiento explícito del usuario.
- Garantizar el acceso, rectificación y eliminación de los datos.
- Informar de posibles brechas de seguridad.
En España, además, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales refuerza estos derechos y es plenamente aplicable a herramientas de IA cuando se usen en el ámbito profesional o empresarial.
¿Cómo deben actuar los abogados y empresas en 2025?
Ante esta nueva realidad, se hace imprescindible adoptar protocolos internos de protección de datos específicos para el uso de inteligencia artificial. Algunas buenas prácticas incluyen:
✅ Evitar introducir datos sensibles o identificativos en herramientas externas.
✅ Firmar acuerdos de confidencialidad con proveedores de IA.
✅ Supervisar los usos de IA generativa por parte del personal.
✅ Formarse en ciberseguridad y derecho digital.
✅ Asegurarse de que los datos que se usen para entrenar modelos internos estén anonimizados.
Además, cada vez más empresas están nombrando Delegados de Protección de Datos (DPO) que velen por el cumplimiento normativo y actúen como interlocutores ante la Agencia Española de Protección de Datos.
¿Qué sanciones existen por vulnerar la privacidad?
El RGPD establece multas que pueden alcanzar los 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global, dependiendo de la gravedad. En España, la AEPD ha intensificado sus controles y ya ha sancionado a empresas por el mal uso de tecnologías automatizadas que recopilan o tratan datos sin base legal suficiente.
¿Qué se espera en el futuro próximo?
Las instituciones europeas están trabajando en una legislación específica: la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), que clasificará las herramientas de IA según su riesgo y establecerá nuevas obligaciones para su uso. Su aprobación definitiva se espera a lo largo de este año, lo que implicará una actualización del marco legal en todo el territorio de la UE.
Esto afectará directamente a la forma en que despachos, asesorías y empresas podrán utilizar la IA en el tratamiento de datos personales.
Conclusión
El uso de inteligencia artificial ofrece enormes ventajas en el ámbito jurídico y empresarial, pero también exige una mayor responsabilidad legal y ética. Los profesionales deben estar informados, actualizados y comprometidos con la protección de los datos que gestionan a diario.
La transformación digital no se puede detener, pero sí se puede hacer con garantías jurídicas, protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos en esta nueva era de automatización.
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